El secretario general de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, fue condenado a 5 años de prisión por 22 hechos de estafa en una causa vinculada al desvío de fondos para la construcción de un plan de 128 viviendas impulsado por el gremio en el barrio Barrancas del Río Pipo, en la capital fueguina.
La misma pena recibió Miguel Ángel Arana, también encontrado penalmente responsable por las maniobras investigadas entre diciembre de 2013 y fines de 2017. De acuerdo con lo establecido en el proceso judicial, 22 personas resultaron víctimas de estafa en el marco del proyecto habitacional.
El fallo representa un golpe directo para la conducción gremial estatal de Ushuaia, ya que Córdoba era considerado uno de los dirigentes sindicales con mayor trayectoria y exposición pública en Tierra del Fuego. La causa, además, quedó atravesada por un punto sensible: la expectativa de familias que buscaban acceder a una vivienda a través de una iniciativa promovida desde el sindicato.
Antes de la sentencia, Córdoba rechazó las acusaciones ante el tribunal. “Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, afirmó el dirigente.
Tras conocerse la condena, Córdoba y Arana quedaron a disposición de las autoridades penitenciarias mientras avanza el proceso judicial correspondiente. La resolución también dispuso la restitución de distintos bienes que permanecían bajo custodia judicial, entre ellos maquinarias y vehículos secuestrados durante la investigación.
El caso deja bajo fuerte revisión el manejo del plan de viviendas de Río Pipo y el rol de los dirigentes condenados dentro de una operatoria que, según la Justicia, terminó con 22 damnificados.