Un fallo en Nueva York modificó la sentencia por la expropiación de YPF, reduciendo el impacto económico y generando repercusiones políticas en el oficialismo.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York reconfiguró uno de los principales frentes judiciales internacionales que enfrenta la Argentina. El tribunal dejó sin efecto parte del fallo que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012, en una causa iniciada por accionistas minoritarios.
El pronunciamiento fue celebrado por el gobierno de Javier Milei, que lo presentó como un avance significativo en la defensa de los intereses del Estado. Sin embargo, especialistas en derecho internacional señalaron que la estrategia judicial viene siendo sostenida por distintas gestiones, lo que relativiza su capitalización política inmediata.
El fallo cuestionó la interpretación previa sobre los estatutos de la petrolera, lo que abre un nuevo escenario legal. Aún así, la causa no está cerrada y podría continuar en otras instancias, manteniendo un nivel de incertidumbre sobre el desenlace final.
En términos políticos, el resultado impacta en el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía económica y la seguridad jurídica, dos ejes que el Ejecutivo viene utilizando para atraer inversiones.
