El proyecto impulsado por Javier Milei ingresó al Senado con eje en eliminar las PASO, pero genera rechazos en la UCR, el peronismo y aliados.
El Gobierno nacional decidió volver a poner en el centro de la escena una discusión que atraviesa a todo el sistema político: el futuro de las PASO. Con el envío del proyecto de reforma electoral al Senado, la gestión de Javier Milei buscó recuperar iniciativa y ordenar una agenda propia en el Congreso, aunque el movimiento, en lugar de despejar el camino, dejó expuesto un problema inmediato: la dificultad para reunir los votos necesarios en una cámara donde el oficialismo sigue dependiendo de acuerdos inestables y donde, en este tema, los reparos aparecen incluso entre sectores que suelen acompañar.
La propuesta oficial tiene como eje la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En el discurso libertario, la medida se apoya sobre una idea ya instalada desde hace meses: reducir el gasto político y evitar que el Estado financie las disputas internas de los partidos. Esa explicación, que el Gobierno repite como argumento de austeridad y eficiencia, choca con otra lectura que recorre el Senado y que comparten bloques de distinto origen: que las PASO, con todas sus limitaciones, siguen siendo una herramienta útil para ordenar liderazgos, abrir competencia y evitar que las candidaturas queden cerradas exclusivamente por acuerdos de cúpula.
Ahí aparece el primer gran obstáculo para la Casa Rosada. La reforma electoral no es una ley más dentro del temario parlamentario. Requiere una mayoría exigente y, en el Senado, ese piso obliga a construir una coalición política mucho más amplia de la que hoy tiene el oficialismo. Los primeros movimientos muestran que ese respaldo, por ahora, no está. La resistencia no sólo se concentra en el kirchnerismo, que ya dejó entrever un rechazo cerrado, sino también en buena parte de la UCR, en bloques provinciales y en sectores del PRO que todavía no terminan de alinearse detrás de una posición común.
En el radicalismo el planteo es bastante claro. Hay senadores que aceptan discutir cambios, incluso revisar el carácter obligatorio de las primarias, pero no avalan su eliminación lisa y llana. La razón no es sólo doctrinaria. También hay cálculo político. En un escenario de fragmentación y reacomodamiento opositor, las PASO siguen siendo vistas como un mecanismo que permite resolver internas sin romper formalmente los espacios. Más todavía cuando el horizonte ya no es una legislativa de medio término, sino la carrera hacia 2027. En ese contexto, quitar esa herramienta es leído por muchos como una ventaja para quien ya está en el poder y puede ordenar su oferta desde el control del Estado, mientras el resto queda obligado a resolver tensiones por afuera de una instancia regulada.
El peronismo, con sus distintas vertientes, llega a una conclusión parecida aunque desde otra realidad interna. En varios sectores del PJ entienden que las primarias pueden ser el dispositivo que les permita contener la disputa de liderazgos que se viene. Por eso, aun entre gobernadores con diálogo abierto con la Nación, el margen para acompañar la eliminación total aparece reducido. El caso de Raúl Jalil es uno de los que se mencionan dentro de esa zona de interlocución, pero incluso ahí nadie se anima a dar por asegurado un respaldo automático. El dato político es otro: cuando una herramienta puede servir para ordenar candidaturas presidenciales, pocos están dispuestos a resignarla con tanta anticipación.
Esa debilidad numérica empezó a generar, incluso en despachos libertarios, una conversación paralela sobre alternativas. No porque el Gobierno haya resignado su objetivo central, sino porque algunos de sus propios interlocutores admiten que insistir sólo con la eliminación puede convertir la discusión en una derrota temprana. En ese marco aparecieron opciones intermedias, como un esquema de primarias optativas o un sistema de inscripción previa para participar de internas partidarias, inspirado en modelos que suelen mencionarse cuando se busca reducir el peso organizativo del Estado sin suprimir del todo la competencia interna. Son variantes todavía en borrador político, más cercanas a la exploración que a una redacción definitiva, pero exponen un dato central: el oficialismo sabe que el proyecto, tal como fue planteado, arranca con números ajustados.
La discusión, además, no se limita al argumento presupuestario. En el Senado también se debate qué tipo de sistema político quiere construirse. Para algunos legisladores, eliminar las PASO puede reforzar estructuras cerradas y reducir canales de participación para dirigentes sin aparato propio. Para otros, en cambio, el sistema actual ya demostró límites evidentes, desde el costo económico hasta el desgaste de un calendario electoral que muchas veces no resuelve competencias reales. Entre esas dos posiciones se moverá la negociación de las próximas semanas.
El antecedente del año pasado funciona como advertencia. Entonces, el Gobierno también había empujado cambios sobre las primarias, pero debió aceptar una salida más acotada cuando advirtió que no tenía respaldo suficiente para avanzar a fondo. Ahora intenta retomar aquella discusión con mayor ambición, aunque el mapa político no parece más favorable. Al contrario: la cercanía de una futura presidencial vuelve más sensible cada movimiento y endurece posturas en espacios que prefieren conservar márgenes de maniobra.
Por eso, más que una discusión técnica sobre el calendario electoral, lo que se abrió es una pulseada de poder. El Gobierno busca mostrar capacidad de imponer agenda y llevar al Congreso una bandera propia. La oposición dialoguista intenta no quedar absorbida por una lógica de acompañamiento automático. Y el peronismo observa una pelea que también impacta sobre su propia reorganización. En esa trama, el Senado vuelve a funcionar como termómetro de la política real: un ámbito donde el discurso puede ordenar la escena por un rato, pero donde al final todo se define por la suma concreta de intereses, votos y conveniencias. Hoy, en esa cuenta, la eliminación de las PASO aparece más cerca de la resistencia que del consenso.
