El Gobierno actualizó parcialmente los impuestos a naftas y gasoil desde mayo, en medio del petróleo caro y una inflación que vuelve a incomodar precios internos.
El Gobierno nacional puso en marcha desde este viernes 1 de mayo una nueva actualización parcial de los impuestos a los combustibles, una decisión que impacta sobre naftas y gasoil en un momento especialmente delicado para los precios internos. La medida fue oficializada mediante el Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que las disposiciones entran en vigencia desde el 1° de mayo inclusive. El mismo texto también posterga para el 1° de junio una parte del ajuste pendiente.
La decisión se tomó en un contexto económico donde el precio internacional del petróleo volvió a tensionar las cuentas del Gobierno y el bolsillo de los consumidores. Reuters informó que la suba parcial busca mitigar el impacto del salto global del crudo, provocado por el conflicto en Medio Oriente, sobre precios e inflación. Esa definición muestra el equilibrio que intenta sostener el equipo económico: recomponer tributos atrasados sin trasladar de golpe todo el costo a los surtidores.
Desde mayo, el impuesto sobre la nafta sube $10,398 por litro por el componente de combustibles líquidos y otros $0,637 por el tributo ambiental. En el caso del gasoil, el incremento es de $9,269 por litro por combustibles líquidos, aunque en regiones patagónicas se aplica una alícuota menor de $5,019. A eso se suma $1,056 por el impuesto al dióxido de carbono.
El dato patagónico no es menor. En provincias como Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, el costo del gasoil tiene una incidencia directa sobre transporte, producción, pesca, logística, comercio y actividad petrolera. Cualquier modificación sobre ese insumo cruza de manera inmediata la economía regional: desde el reparto urbano en Trelew o Comodoro Rivadavia, hasta el movimiento de camiones en rutas petroleras, puertos y zonas rurales.
La actualización llega luego de un marzo más incómodo para la estrategia de desinflación. Reuters consignó que la inflación mensual argentina subió a 3,4% en marzo, afectada por el encarecimiento internacional del petróleo. Ese número encendió alertas dentro del programa económico, porque mostró que los precios regulados y los costos externos todavía pueden alterar la velocidad de baja que busca mostrar el Gobierno.
El petróleo, además, dejó de ser una variable lejana. Según Reuters, los precios internacionales tocaron niveles máximos de cuatro años, por encima de los 126 dólares por barril, ante el temor de una escalada entre Estados Unidos e Irán y una interrupción prolongada del suministro en Medio Oriente. Para Argentina, ese escenario impacta por dos vías: encarece referencias globales de energía y presiona sobre empresas que importan, refinan o distribuyen combustibles.
La decisión oficial expone una tensión conocida para cualquier administración argentina. Si el Gobierno actualiza impuestos y permite un traslado pleno, aumenta el riesgo de una nueva presión inflacionaria sobre transporte, alimentos y servicios. Si posterga demasiado, resigna recaudación y acumula distorsiones tributarias que después debe corregir en tramos más bruscos. La salida elegida fue un punto intermedio: aplicar una parte ahora y dejar otro tramo para junio.
En términos fiscales, los impuestos a los combustibles representan una herramienta de recaudación importante. Pero en términos políticos, cada movimiento sobre la nafta y el gasoil tiene una lectura social inmediata. No se trata solo del automovilista que carga en una estación de servicio. También afecta a transportistas, productores agropecuarios, pequeñas empresas, cooperativas, proveedores de la industria petrolera y consumidores que reciben precios finales con mayor costo logístico.
Para Chubut, el caso tiene un componente adicional. La provincia convive con una economía territorialmente extensa, ciudades separadas por largas distancias y una estructura productiva que depende mucho del transporte terrestre. En ese esquema, el gasoil no es solo un precio más: forma parte de la cadena de costos de la pesca, la ganadería, el comercio, la construcción y la actividad petrolera. Por eso, cualquier aumento impositivo, aun parcial, se mira con atención desde cámaras empresarias, estaciones de servicio y consumidores.
El Gobierno intenta ordenar la medida dentro de su programa macroeconómico. La administración de Javier Milei sostiene como eje el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, pero el salto del crudo introduce una variable externa difícil de controlar. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, quedó obligado a administrar una corrección que venía pendiente sin romper la expectativa de baja gradual de precios.
La actualización de mayo no cierra la discusión. El propio decreto deja para junio una parte del ajuste, lo que anticipa un nuevo capítulo en la evolución de combustibles. En la práctica, el mercado seguirá mirando tres datos: cuánto trasladan las petroleras al surtidor, cómo responde el consumo y qué ocurre con el precio internacional del petróleo. En esa combinación se juega una porción sensible del clima económico de las próximas semanas.
