El presidente Javier Milei confirmó su intención de vetar las leyes sancionadas este jueves por el Senado, entre ellas el aumento a los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Sin embargo, la posibilidad de llevar esos proyectos a la Justicia fue desestimada por especialistas en derecho constitucional, quienes afirmaron que el Ejecutivo no tiene herramientas legales para frenar leyes ratificadas por el Congreso con mayoría especial.
En una sesión que reunió a 42 senadores opositores, la Cámara Alta avanzó además con dos iniciativas promovidas por los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la redistribución del impuesto a los combustibles líquidos. Ambas recibieron más de 48 votos, alcanzando así los dos tercios del cuerpo, una cifra clave ante la posibilidad de un eventual veto presidencial.
El veto presidencial como primera reacción
Desde la Bolsa de Comercio porteña, Milei dejó en claro su postura frente a los proyectos: "¿Saben qué? Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público... Si el veto se cae, lo vamos a judicializar", declaró el mandatario ante empresarios y funcionarios.
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Para el Gobierno, la aprobación de estas normas podría poner en riesgo el superávit fiscal, eje central del programa económico libertario. Pero la Constitución nacional es clara: si ambas cámaras del Congreso insisten en una ley con dos tercios, el Presidente debe promulgarla sin posibilidad de bloqueo.
Frente a las declaraciones de Milei, abogados constitucionalistas salieron al cruce y remarcaron los límites legales del Poder Ejecutivo. El jurista Andrés Gil Domínguez sostuvo que no existe posibilidad alguna de judicializar leyes correctamente sancionadas: “Sería absurda una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional. En la cual, además, el que promueve y contesta la demanda es el mismo órgano: la Procuración del Tesoro”.
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También Diego Armesto, especialista en derecho público, coincidió en que el intento de judicialización carece de sustento jurídico: “No podés impugnar un proceso constitucional. Si el Presidente veta, está reconociendo el proceso de formación de una ley. No puede ir contra una facultad que otorga la propia Constitución”.
Ambos señalaron que la función de la Corte Suprema no es intervenir como árbitro entre poderes salvo que exista un caso real de controversia jurídica, lo que no se cumple en este escenario.
Otro camino que podría barajar el oficialismo es la presentación de una acción declarativa de certeza, una herramienta jurídica que busca despejar dudas sobre la aplicación de una norma. Sin embargo, según Mariano Bar, abogado especialista en derechos humanos, tampoco sería viable: “No corresponde porque la Corte va a decir que su función es resolver casos contenciosos. No es un órgano asesor jurídico del Poder Ejecutivo”.
Bar recordó el caso de Cristina Kirchner durante la pandemia, cuando la entonces vicepresidenta pidió al máximo tribunal una validación para realizar sesiones virtuales sin reformar el reglamento. La Corte rechazó el pedido por unanimidad, al entender que no existía un caso concreto que ameritara su intervención.
"Si Milei intenta una movida similar, la respuesta será la misma: 'esto no lo resolvemos nosotros'. La Justicia no dictamina sobre leyes ni puede frenar el funcionamiento legislativo", remarcó Bar.
Escenarios abiertos en el Congreso
La votación en el Senado dejó abierta la posibilidad de que los proyectos se conviertan en ley incluso si el Presidente concreta el veto. Para eso, la Cámara de Diputados también debería ratificar las normas con una mayoría de dos tercios, algo que aún no está garantizado pero que la oposición evalúa factible si logra mantener la unidad alcanzada en la sesión del jueves.
De conseguir esos votos, el Congreso podrá promulgar las leyes por sí mismo, y el Presidente quedaría obligado a aplicarlas. En ese caso, no tendría margen constitucional ni político para ignorarlas, según coinciden los especialistas consultados.
La situación expone una nueva fase del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde el oficialismo busca deslegitimar la iniciativa opositora al tiempo que intenta preservar su narrativa de ajuste. Sin embargo, las limitaciones legales del sistema republicano dejan al Gobierno sin demasiadas herramientas para evitar la implementación de leyes aprobadas con mayoría calificada.
