La medida alcanza a Verónica Rosales y otros cuatro involucrados en los incidentes registrados en la sede de Supervisión de Escuelas de Comodoro Rivadavia. Además, trabajadores auxiliares denunciaron presuntas presiones internas para adherir a las medidas de fuerza.
El conflicto gremial que involucra a trabajadores nucleados en ATE sumó un nuevo capítulo judicial en Comodoro Rivadavia, luego de los incidentes registrados en la sede de Supervisión de Escuelas, donde se produjeron destrozos, enfrentamientos con personal policial y personas demoradas.
Según informó LU17, el juez penal Alejandro Soñis notificó a la Unidad Regional una medida de prohibición de acercamiento por el término de seis meses, en un radio no inferior a 200 metros respecto de la sede de Supervisión de Escuelas de la Región VI.
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La disposición alcanza a Verónica Rosales, Marcelo Echeveste, Lorena Rosales, Evangelina Arbe y José Abelardo Barra, quienes fueron señalados en el marco de la causa iniciada por los daños provocados en el edificio ubicado en la intersección de José Fuchs y Marcelino Reyes.
La medida judicial busca resguardar el funcionamiento de las dependencias educativas y garantizar la seguridad del personal que cumple tareas administrativas y docentes en el lugar, mientras avanza la investigación por los hechos ocurridos durante la protesta.
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En paralelo, el conflicto también derivó en denuncias de trabajadores auxiliares de Educación, quienes aseguran haber recibido presuntas presiones para sumarse a las medidas de fuerza. De acuerdo con los testimonios difundidos, algunos empleados habrían sido incluidos en listados internos donde debían aportar datos personales, como número de documento y teléfono.
Los denunciantes sostienen que esas prácticas estarían vinculadas a condicionamientos laborales, especialmente en el caso de trabajadores que esperan avanzar en trámites de estabilidad o ingreso a planta. Según los relatos, se les habría advertido que, en caso de no acompañar las protestas, no recibirían respaldo gremial para esos procesos.
También se conocieron denuncias por presunto hostigamiento contra personal que decidió continuar trabajando durante el paro. Una empleada de la Delegación Administrativa de Educación habría declarado ante la Comisaría del barrio Mosconi que recibió amenazas telefónicas luego de haber registrado con su celular parte de los incidentes ocurridos en el exterior del edificio.
Otros testimonios mencionan situaciones de amedrentamiento contra auxiliares que no adhirieron a la medida de fuerza, incluso en espacios públicos y durante el traslado en transporte urbano. Las denuncias también apuntan a supuestas advertencias sobre recorridas por escuelas para identificar a quienes continuaran prestando servicios durante el paro.
Desde sectores internos del ámbito educativo expresaron preocupación por el impacto institucional de los hechos y remarcaron que los episodios de violencia no representan al conjunto de los trabajadores. En ese sentido, docentes y auxiliares plantearon su rechazo a los métodos de presión y advirtieron por el perjuicio que estas situaciones generan en el sistema educativo y en las familias.
Mientras tanto, la causa judicial por los destrozos continúa su curso y se mantienen abiertas las presentaciones vinculadas a presuntas amenazas, agresiones y presiones laborales en el marco del conflicto gremial.
