La UBA alertó que sus hospitales universitarios podrían frenar servicios por falta de fondos, mientras Capital Humano niega la deuda y abre otra pulseada política.
La Universidad de Buenos Aires volvió a colocar al sistema universitario en el centro de la agenda pública, esta vez desde un lugar especialmente sensible: sus hospitales. Los directores del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” y el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” advirtieron este martes 5 de mayo que, si el Gobierno nacional no transfiere los fondos previstos para el área de salud, las unidades asistenciales podrían dejar de funcionar en un plazo de 45 días. La presentación se realizó en una conferencia de prensa y abrió un nuevo capítulo en la discusión presupuestaria entre la UBA y la administración de Javier Milei.
El reclamo apunta a la falta de ejecución de partidas contempladas en el Presupuesto 2026 para hospitales universitarios. Según la UBA, a cuatro meses de iniciado el año, el Gobierno nacional no giró los fondos específicos para funcionamiento hospitalario. La universidad señaló además que el propio Ministerio de Capital Humano reconoció, en su respuesta, que el área “aún debe contemplar su distribución eficiente”, una frase que la casa de estudios interpretó como admisión de que la partida todavía no fue asignada ni transferida.
La red sanitaria de la UBA reúne seis centros: el Hospital de Clínicas, el Instituto Roffo, el Instituto Lanari, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, atienden a más de 700.000 personas por año y cumplen un doble rol: asistencia médica directa y formación de profesionales de salud. Esa doble función explica por qué el conflicto excede la disputa administrativa por una transferencia presupuestaria. El impacto, según las autoridades universitarias, ya alcanza insumos, medicamentos, honorarios, cirugías, internaciones, investigación y residencias.
Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, planteó el cuadro con una definición directa: la institución atraviesa una “situación económica grave” porque en los últimos cuatro meses no recibió fondos de funcionamiento hospitalario. Según informó la UBA, Melo sostuvo que esa falta de recursos impide comprar insumos, medicamentos y pagar honorarios, y obliga a reducir prestaciones. También indicó que el Clínicas opera entre el 30% y el 50% de su capacidad.
El director del Instituto Lanari, Norberto Lafos, agregó un dato operativo que muestra cómo se administra la escasez puertas adentro. Señaló que los hospitales recurren a “ingeniería” financiera, demoras con proveedores, retrasos en la atención y donaciones para sostener servicios básicos. También remarcó que los ingresos por obras sociales o prepagas se usan para emergencias, insumos y medicamentos. En su exposición, Lafos dejó una frase que condensa el reclamo: “Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto”.
El Instituto Roffo ocupa un lugar particular dentro del conflicto. Su directora, Roxana del Águila, recordó que se trata de un hospital centenario especializado en oncología y que atiende a más de 110.000 pacientes con cáncer por año. Allí la discusión presupuestaria toma un perfil todavía más delicado: no se trata solo de turnos demorados, sino de tratamientos que requieren continuidad, insumos costosos y equipos profesionales especializados.
La respuesta del Gobierno llegó desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. La cartera rechazó la denuncia y afirmó que los planteos eran “falsos”. Según el comunicado oficial citado por Infobae y TN, Nación transfirió mensualmente a la UBA la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley 27.798, incluidos fondos para salud, personal y funcionamiento. El Ejecutivo sostuvo, además, que el reclamo de la UBA apunta a recibir $75.371 millones de una partida de $79.763 millones destinada a todos los hospitales universitarios del país.
Ese es el punto político del desacuerdo: la UBA habla de fondos específicos no ejecutados para sostener sus hospitales; Capital Humano responde que la universidad busca concentrar el 94,5% de una partida pensada para todo el sistema universitario nacional. La discusión, entonces, no gira solo alrededor de si existen recursos, sino de quién define su distribución, bajo qué criterio y con qué urgencia frente a servicios sanitarios que ya reportan reducción de capacidad.
El conflicto se inscribe en una pelea mayor por el financiamiento universitario. En los últimos días, rectores, sindicatos docentes y federaciones estudiantiles reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y convocaron a una nueva Marcha Federal para el 12 de mayo. El País informó que, según cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional, los recursos universitarios cayeron 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, mientras los salarios perdieron alrededor de 32% de poder adquisitivo.
La crisis de los hospitales universitarios desplaza el debate desde las aulas hacia las salas de atención. Para el Gobierno, sostener el superávit fiscal sigue siendo una prioridad ordenadora del programa económico. Para la UBA, el límite aparece cuando la disciplina presupuestaria afecta prestaciones médicas, formación profesional e investigación. En el medio quedan pacientes, residentes, docentes, trabajadores no docentes y una red hospitalaria que depende de una decisión administrativa que ya se transformó en pulseada institucional.
