WASHINGTON: Se profundiza la tensión diplomática entre Washington y Brasil luego de que el presidente Donald Trump oficializara un arancel del 50% sobre casi todos los productos provenientes del país sudamericano, medida que se implementará dentro de siete días y deja exceptuadas exportaciones como aviones, jugo de naranja y energía.
La resolución fue fundamentada en la Ley de Emergencia Económica de 1977. El gobierno estadounidense argumenta que la persecución judicial sobre Jair Bolsonaro y el trato a sus partidarios constituyen una amenaza directa a los intereses y derechos estadounidenses. De acuerdo al texto oficial, las acciones encabezadas por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, resultaron en censura, sanciones y procesos judiciales tanto para opositores políticos como para ciudadanos y empresas de Estados Unidos. Se responsabiliza a de Moraes por “intimidar, censurar y perseguir judicialmente a críticos”, además de imponer restricciones que implicaron la congelación de activos a compañías estadounidenses.
La administración Trump también dispuso la revocación de visados a de Moraes, jueces de la Corte Suprema y sus familiares, junto con la restricción de activos bajo jurisdicción estadounidense, señalando como motivo la defensa de los intereses nacionales y la protección de empresas tecnológicas sujetas a presiones regulatorias de Brasil. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la respuesta estadounidense apunta a garantizar las libertades amparadas por ley y evitar que actores extranjeros condicionen la política digital y la libertad de expresión.
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El comunicado de la Casa Blanca insiste en que la política de “America First” avala el uso de aranceles y sanciones frente a lo que considera amenazas externas al sistema democrático, a la economía y a los procesos electorales estadounidenses. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la medida como un acto de injerencia y anticipó que recurrirá a los organismos internacionales, agudizando la disputa bilateral.
La sanción arancelaria y las restricciones de visado agregan tensión a un escenario ya marcado por diferencias en torno a la censura digital, el control sobre las redes sociales y el respeto a la institucionalidad judicial en la región. Se prevé que las consecuencias afecten tanto el comercio bilateral como la agenda política interna de ambos países.
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