BRASILIA: De Moraes aseguró que el Supremo avanzará con el juicio a Bolsonaro sin doblegarse ante las medidas y aranceles impuestos desde Washington.
El juez Alexandre de Moraes, referente del Supremo Tribunal Federal, afirmó este viernes que él y sus colegas no se dejarán intimidar por sanciones ni presiones externas en el marco del proceso por intento de golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, que transitará instancias clave en el segundo semestre del año. Según subrayó ante el plenario, "juzgaremos a todos los responsables, absolviendo a quienes no tengan pruebas en su contra, condenando a quienes las tengan, pero sin acobardarnos ante amenazas, vengan de aquí o de cualquier otro lugar".
Las sanciones impuestas por la administración Trump incluyeron el congelamiento de bienes de De Moraes en EEUU, la revocación de visas para él y su familia y prohibiciones de transacciones financieras bajo la Ley Magnitsky, tildándolo de liderar “una persecución opresiva y de detención arbitraria, especialmente contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas” por su manejo del juicio a Bolsonaro. Como represalia inmediata, la Casa Blanca decretó un arancel del 50% sobre importaciones de café, carne y frutas brasileñas, exceptuando algunos rubros estratégicos como jugo de naranja y componentes aeronáuticos. Esta medida amenaza las exportaciones de Brasil, el mayor proveedor mundial de café y jugos al mercado estadounidense.
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Frente a la presión internacional, De Moraes defendió la independencia del Poder Judicial y la transparencia del proceso, que incluye transmisiones públicas de declaraciones clave y acceso a la acusación y la defensa. Denunció intentos de coacción y obstrucción, y declaró que “las instituciones brasileñas son fuertes y sólidas... no cederán ante organizaciones que actuaron como milicias o traidores a la patria”.
El juicio oral contra Bolsonaro —previsto para septiembre u octubre— lo acusa de liderar una trama golpista destinada a evitar la asunción de Lula da Silva en 2023, utilizando el apoyo de exfuncionarios y algunos militares. La Fiscalía solicita penas de entre 12 y 40 años de prisión para el exmandatario, considerado el principal articulador del asalto al Congreso en enero de 2023. La propia familia Bolsonaro —en especial su hijo Eduardo, radicado en EE.UU.— aparece bajo investigación por gestionar apoyo logístico y político extranjero para frenar la causa, maniobra que el Supremo asegura que será castigada si se prueba su responsabilidad.
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El presidente Lula da Silva, por su parte, rechazó enérgicamente la injerencia estadounidense afirmando que “Brasil es un país soberano y democrático” y que “la justicia no se negocia bajo presiones externas... la independencia judicial es un pilar fundamental de nuestros derechos”.
F: gs (reuters, bbc, ap, bloomberg, aljazeera, nyt, politico, wsj, agenciabrasil, czapp, straitstimes)
